Organización Colombiana de Estudiantes, Manizales, abril 1 de 2011.
El pulso y la lucha emprendida en contra del alza de matriculas en la Universidad de Caldas comenzó en Agosto del año pasado. Las opciones para abrir espacios de diálogo y negociación genuinos con la comunidad universitaria en ese entonces fueron nulas. Tras varias asambleas y un bloqueo del edificio administrativo, se logró el aplazamiento de la puesta en vigor de la nueva tabla de matriculas, lográndose así de entrada que 1200 primíparos ingresaran el primer semestre de 2011 bajo las condiciones del anterior acuerdo.
Este año tras la imposición del nuevo régimen de matriculas el 28 de Enero, reuniones informativas, comunicados, mítines, declaraciones a los medios, asambleas y un sinnúmero de actividades, nos permitieron asistir a la gestación de un movimiento estudiantil decidido a rechazar tajantemente el lesivo incremento en las matriculas y comprometido en la defensa de la Universidad pública. Movimiento que deberá consolidarse merced a las formas organizativas que adquiera y a su permanencia en el tiempo.
Teniendo en cuenta que la realidad es cambiante y que las condiciones de la confrontación no son inmutables, en la última semana de Marzo, habiendo agotado las diferentes instancias formales y luego de innumerables llamados a la administración para que no desoyera el clamor popular en contra de este nuevo acuerdo y para que abriera espacios de discusión auténticos, nos encontramos en un escenario en el que era obligación exigir soluciones de raíz. La ocupación de nuestras instalaciones fue la opción elegida para imprimirle presión a un consejo superior y a un rector que hasta este punto habían desatendido flagrantemente nuestras demandas. De allí en adelante el rápido devenir de sucesos fue el rasgo distintivo de la confrontación.
En este tramo final se evidenció una polarización al interior del estudiantado (aupada por diferentes razones) que ponía en riesgo inminente la continuidad del movimiento sin haber logrado ninguna brecha de apertura, ni ninguna aproximación real a nuestro objetivo primigenio de derrotar una tabla de matriculas injusta y altamente lesiva. Las explicaciones a este respecto son diversas, pero el peligro latente de que el movimiento se levantara en su momento de mayor auge sin obtener ningún rédito real debido a este choque, fue indudablemente un factor para tener en cuenta.
En este contexto y gracias a las vías democráticas que elegimos para manifestarnos, con las que demostramos nuestro talante civilista y democrático, y señalamos que quienes en realidad llevan la batuta de la universidad somos los estudiantes, la administración accedió a entablar una comisión de alto nivel para revisar y modificar el acuerdo 01 de 2011. Las condiciones de esta comisión son sustancialmente diferentes a las anteriores ya que de entrada estipula que puede ajustar o modificar este acuerdo y establece que dentro de los dos meses de su duración inicial este acuerdo no regirá, es decir, que no se elevarán las matriculas el próximo semestre, tal y como lo confirmó la decisión del consejo superior al modificar el artículo 18 del acuerdo, en lo que de entrada marca un avance en cuanto a la finalidad del movimiento. El punto de inicio será además, el acuerdo al que se había llegado en la comisión del consejo académico y que no había sido tenido en cuenta, es decir, iniciar la negociación sobre la base de exonerados con PBM 14, con el retorno de los descuentos, la disminución del impacto para los estratos 3, entre otras medidas.
Dada esta situación, y teniendo en cuenta la necesidad perentoria de organización y unidad al interior del estudiantado, la propuesta que después fue aprobada por la plenaria de la asamblea, fue el cese de la ocupación como una demostración de la disposición al diálogo y el retorno a clases el día lunes bajo garantías académicas que ya han sido otorgadas, como la adición de una semana más al calendario académico, sumada a dos que ya se habían concedido, y a que la próxima semana no hayan actividades evaluativas sino que se recuperen contenidos académicos en las clases. Sin perder de perspectiva la natural desconfianza que genera la actual administración, se decidió afrontar este escenario como forma de solucionar las diversas contradicciones generadas en este proceso.
Las condiciones del momento nos obligan a realizar un repliegue táctico, que por supuesto no significa desmovilización, sino permanecer en estado de alerta sobre las decisiones y los procesos que se lleven a cabo en la denominada mesa de alto nivel. El pulso ahora se dará en otro ámbito pero seguirá teniendo como eje principal a los estudiantes y sus decisiones. No es una victoria, sin embargo se marca un progreso en los procesos para establecer una tabla de matriculas más democrática y acorde a la naturaleza pública que debe tener la educación.
Negociar los puntos esenciales del acuerdo (PBM, descuentos, pensión colegio privado, topes máximos de matrícula, etc.) para buscar su modificación, en aras de -como mínimo- recuperar las garantías con las que contamos actualmente, significa en la práctica derogar las disposiciones que generarían un incremento en las matriculas. Esa será la búsqueda y el propósito inequívoco de la comisión designada. Los límites tanto de tiempo como de alcance, serán condicionados por las determinaciones de la asamblea general de estudiantes.
El movimiento estudiantil ni se ha entregado ni se ha dividido, y por encima de cualquier consideración, es claro que nunca ha rehuido la responsabilidad histórica que le corresponde con las generaciones venideras que desean obtener las mismas o mejores oportunidades de acceso a la educación superior como las que nosotros tuvimos. Estaremos atentos y vigilantes ante esta lucha y no bajaremos la guardia hasta derrotar esta política privatizadora expresada en la Universidad de Caldas por el Doctor Ricardo Gómez pero que en últimas es agenciada como política de Estado por el gobierno nacional en sumiso acatamiento de las orientaciones de instituciones extranjeras.
Hoy luchamos contra los síntomas del cáncer de la desfinanciación, pero desde ya preparamos y anunciamos la pelea contra la posible metástasis de ese cáncer, que se daría a través de la nueva ley de educación superior, que pretende ahondar la concepción de educación como mercancía y de universidad como empresa, ahondando todos los problemas estructurales que ya padecemos hoy. La reforma a la ley 30 pretende ser impuesta por el gobierno de Santos para una vez más y como es usual en este tipo de gobiernos con un sentido patriótico tan extraviado, allanarle el camino a los intereses de las grandes potencias y cercenar definitivamente el carácter público de la educación.
La Organización Colombiana de Estudiantes ha estado desde el inicio en esta lucha y continuará en ella hasta el final sin matices y sin ambigüedades. Nuestro compromiso en la búsqueda de una educación nacional, científica y democrática seguirá marcando el derrotero de nuestro quehacer.
Tomado de moir.org.co
