Que reluzca la Verdad en el debate de matrículas

Carta abierta al rector de la Universidad de Caldas

Que reluzca la Verdad en el debate de matrículas

Doctor

Ricardo Gómez Giraldo

Rector

Universidad de Caldas

Cordial saludo,

La página de noticias Meridiano Informativo publicó este 14 de febrero del 2011 una declaración suya[1] donde tacha de mentirosos, y de desinformar a la ciudad y a los estudiantes, a quienes hemos asegurado que con la nueva tabla de matrículas hay alzas hasta del 333%.

Debo rechazar enfáticamente que el representante legal de la Universidad de Caldas, en una actitud que no puedo entender, desconozca lo que aprobó la mayoría del Consejo Superior o más grave aún, que con el propósito de defender lo indefendible, presente ante la opinión pública información tergiversada aprovechándose de la dignidad que ostenta.

Me voy a permitir citar un ejemplo, con la misma información que ustedes publicaron en el documento conocido como “ABC del Nuevo Sistema de Matrículas N°03” (ver http://directoconsejorsuperiorucald...), para demostrar cuan equivocadas son sus afirmaciones e interpretaciones y que quien cae en una actitud de desinformación a la ciudad es usted:

Un estudiante del Estrato 3, con ingresos de $745.350, que con el anterior acuerdo (024 de 2002) pagaría $101.970 pasa a pagar $441.870 con el nuevo acuerdo (01 de 2011). Lo que señalan las matemáticas en una sencilla y básica regla de tres, es que para ese estudiante con el nuevo acuerdo su matrícula registra un alza del 333%. La operación matemática bien hecha es infalible señor rector.

Debo también hacer una aclaración ante la referencia que hace usted, de los estudiantes beneficiarios del sistema de Bienestar Universitario, donde dice: “Y muchos estudiantes, fuera de que no pagan, reciben plata en efectivo”. Debo recordarle que el sistema de Bienestar Universitario existe porque así lo determina la Ley 30 de 1992 en sus artículos 117, 118 y 119 y gracias a la lucha de los estudiantes, no por su rectoría donde le puedo demostrar también matemáticamente que el presupuesto de Bienestar Universitario se ha reducido.

Como lo hice en una sesión del Consejo Superior donde usted calificó de enemigos a los detractores de la nueva tabla de matrículas le solicito que se refiera en términos adecuados, y haga honor a la verdad, cuando haga referencia a las personas que tenemos una concepción de universidad distinta a la suya.

Mientras las matemáticas no digan nada distinto, me reafirmo: la nueva tabla de matrículas presenta alzas del 333%. Nuevamente reitero la invitación que formalmente entregamos en su despacho para que un foro abierto, y en un ambiente de respeto, el próximo miércoles 23 de febrero a partir de las tres de la tarde, en nuestro emblemático Teatro 8 de Junio presentemos nuestros análisis sobre la nueva tabla de matrículas.

Atentamente,

Juan Carlos Martínez Botero Representante Estudiantil al Consejo Superior Universidad de Caldas

Por qué le decimos no al alza de matrículas en la Universidad de Caldas

Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil Consejo Superior U. Caldas, 1 de febrero de 2011.

El pasado 14 de diciembre de 2010 y el 28 de enero de 2011 se realizaron las sesiones del Consejo Superior de la Universidad de Caldas donde la mayoría del Consejo Superior, con excepción de la representación estudiantil y profesoral, aprobó, por una votación de 6 contra 2, los 20 artículos y los anexos técnicos que regulan una nueva tabla de matrículas para los estudiantes que ingresen a partir del segundo semestre de 2011 y para aquellos que por algún motivo soliciten reingreso en los términos definidos por el reglamento estudiantil.

Aunque el argumento de la administración de la Universidad de Caldas, fue una supuesta búsqueda de “equidad” en el cobro de matrículas, desde la óptica de la representación estudiantil este nuevo acuerdo resulta lesivo para el acceso de los sectores más pobres a la universidad. El nuevo acuerdo fija unas matrículas (incluido servicios universitarios) que oscilan entre 135 mil pesos para quien tenga un Puntaje Base de Matrícula (PBM) igual a 11 y 3 millones 450 mil pesos para quienes tengan un PBM igual o superior a 73.

Los cambios que regula el nuevo acuerdo afectan especialmente a los estudiantes provenientes de los estratos 2 y 3 de la población. En detrimento de los ingresos de estas familias, aspira la administración actual que los cobros adicionales mejoren el rubro de recursos propios y, así no lo admita, profundizar el proceso de privatización del alma mater. Que esto es así lo confirman las cifras entregadas por el Jefe de la Oficina de Planeación de la Universidad quien aseguró que los recursos adicionales se proyectan en 400 millones de pesos en el primer año, 987 millones en el segundo, 1481 millones en el tercero, 1962 millones en el cuarto y 2413 millones en el quinto año, para un total de 7 mil 243 millones de pesos en los próximos 5 años que saldrán de los bolsillos de las familias de los futuros estudiantes de Manizales, Caldas y Colombia.

Actualmente son exentos del pago de matrícula los estudiantes que tienen un Puntaje Básico de Matrícula (PBM), inferior a 18, el nuevo acuerdo reduce la exención en el pago a los que tengan un PBM inferior a 11. De esta manera se reduce el porcentaje de estudiantes exentos del pago de matrícula. Hoy el 75% no paga, con esta nueva regulación quedará exonerado únicamente el 20% de los estudiantes. Dicho de otra manera hoy pagan el 25%, con la propuesta pagarían el 80% de los estudiantes que ingresen a la universidad, la gran mayoría de estos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de la población.

El acuerdo establece una nueva forma para liquidar la matrícula tomando como referencia el valor de la pensión mensual del último año cursado en el colegio (multiplicado por un factor de 5.5), valor que se tendrá en cuenta siempre y cuando sea una suma mayor a la liquidación por el actual sistema de PBM, que tiene en cuenta los ingresos (75%) y el estrato socioeconómico (25%). De esta forma se pretende gravar de manera onerosa a las familias cuyos hijos se graduaron en colegios privados.

El acuerdo eliminó también varios descuentos que están vigentes y a los cuales tienen derecho los actuales estudiantes de la universidad. Los descuentos que se eliminaron son lo siguientes: 10% del valor de la matrícula por provenir de colegio público, 15% a los estudiantes provenientes de Chinchiná, Neira, Palestina, Villamaría y la zona rural de Manizales y 20% a los estudiantes provenientes del resto del departamento de Caldas y de los municipios o zonas distintos a los mencionados anteriormente.

Es inconcebible que mientras en Inglaterra, Alemania y otros países europeos, como lo sostiene el rector de la Universidad Nacional, el costo de la matrícula está en alrededor de mil euros al año, “y eso en una sociedad con ingreso per cápita por lo menos 10 veces superior al colombiano”[1] en la Universidad de Caldas se establezcan matrículas anuales que superan los 2700 euros. Vaya paradoja, aunque los ingresos sean 10 veces menores, las familias de los estudiantes de la Universidad de Caldas a los que les liquidan la matrícula máxima, deben pagar 170% más que una familia europea.

Según cifras del Ministerio de Educación Nacional la deserción universitaria llega al 50%, es decir la mitad de los estudiantes que ingresan a la universidad no pueden terminar sus estudios y la mayoría de los casos por cuestiones económicas. Este nuevo acuerdo, así la administración de la Universidad de Caldas intente presentarlo como algo progresista, agudiza y contribuirá a aumentar el fenómeno de la deserción estudiantil por razones económicas.

Debo denunciar que los anexos técnicos que hacen parte del acuerdo y que contienen elementos esenciales para definir la liquidación de la matrícula no hubo forma de debatirlos con la presencia de la representación estudiantil y profesoral, primero por el cambio abrupto[2] de la sesión del Consejo Superior del 24 de noviembre de 2010 y segundo porque la mayoría del Consejo Superior se negó a que se diera dicho debate en la sesión del 28 de enero de 2011 y al mejor estilo de un pupitrazo del Congreso se aprobó sin medir las consecuencias para los estratos más pobres de la población.

La Representación Estudiantil al Consejo Superior, consciente de que esto es un retroceso en la concepción de universidad publica y financiada por el Estado que defendemos, votó de manera negativa el acuerdo y en nombre de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, llama a los estudiantes y demás estamentos universitarios a promover el más amplio debate y movilización civilista para que se revisen los aspectos regresivos de este acuerdo que profundiza la concepción de educación como mercancía y de universidad como empresa.

Tomado de moir.org.co

los estamentos de la universidad de La Guajira también defiende las regalías

DEFENDER LAS REGALÍAS ES DEFENDER LA FINANCIACIÓN ESTATAL DE UNIGUAJIRA

La universidad de La Guajira al igual que las demás universidades públicas del país ha venido siendo objeto de un proceso sistemático de desfinanciación por parte del estado. Producto de la aplicación del modelo neoliberal, que ha convertido el derecho a educarnos en un servicio al que acceden y permanecen, solo los que tenga el poder adquisitivo para pagar las matriculas, los derechos complementarios y su sostenibilidad a lo largo de su carrera académica.

Prueba de ello es que en 1996 el gobierno nacional aportaba el 67,8% de presupuesto general de la universidad, los gobiernos municipales y departamental el 14,7%, los estudiantes por conceptos de matrículas y derechos académicos y complementarios el 8,4% y el resto era adquirido a través de cdts, empréstitos o préstamos. Pero la nación para el año 2011, solo aportará el 27,4% lo que indica, que reducirá su participación presupuestal en 40, puntos porcentuales. Entre tanto, los estudiantes, han pasado a aportar el 26,48% del presupuesto, y el departamento ha mantenido sus aportes en los mismos porcentajes. Producto de esa reducción financiera, por parte, de la nación, la universidad le ha tocado endeudarse y comprometer vigencias futuras para poder garantizar su normal funcionamiento.

Hoy mediante el acto legislativo 013, el gobierno de Juan Manuel Santos, pretende modificar el actual régimen de regalías, que consagra el derecho constitucional, que las regiones productoras manejen de manera autónoma sus recursos de regalías. Para ello, el gobierno ha montado el debate como una lucha entre corruptos y honestos, donde los corruptos, son los gobiernos departamentales y municipales y los honestos es el gobierno central.

Cuando la verdadera razón, de modificar las regalías, consiste en cubrir el enorme déficit fiscal que tiene el gobierno central, el cual, asciende a 24 billones de pesos, y para ello, necesita echarle mano a los recursos de las regalías. Este déficit fiscal, es producto del cumplido pago de la deuda que el gobierno central, ha contraído con los organismos financieros internacionales y cuyo servicio, es decir, el pago de intereses y abono a capital, se traga el 28% del presupuesto de gastos generales de la nación. Así mismo, por las enormes excepciones tributarias que la política de Confianza Inversionista, le ha concedido a las multinacionales, la cual, no solo, consagra el saqueo de nuestros recursos, si no que le otorga, enormes exenciones tributarias. Unido a lo anterior, las regalías que pagan las multinacionales, que explotan nuestros recursos naturales, causando enormes daños ambientales a la nación, son las más baja del mundo, ya que mientras en otros países las regalías del carbón y del petróleo son del 20% en Colombia no alcanzan ni al 10%, y en el caso particular del Consorcio Cerrejón, este solo paga el 8%, ó sea que de cada 100 toneladas de carbón que se extrae del Cerrejón, a la nación solo le quedan 8 toneladas.

De concretarse, la aprobación del proyecto de reforma del régimen de regalías, el proceso de privatización de la universidad de la Guajira, se aceleraría, debido a que los recursos que hoy recibimos del departamento, con los que se subsidian las matriculas del 94% de los estudiantes, se reducirían de manera grave. Igualmente, se frenaría la financiación que se realizan en proyectos de infraestructura, dotación de laboratorios, salas y aulas por parte del departamento y algunos municipios a través de convenios.

Por eso hoy, invitamos a la comunidad universitaria y de toda la Guajira, a alzar su voz de protesta en contra del acto legislativo 013, y para lograr tal propósito, solo nos queda el recurso de la movilización y la protesta social, las cuales, requieren de la unidad de todos, sin importar el color político, social o religioso, en torno al Comité Cívico Departamental en Defensa de las Regalías, el cual, se ha constituido en el símbolo de la unidad Guajira, en defensa de nuestros derecho constitucional a manejar nuestras regalías..

PARO CIVICO EN LA GUAJIRA: EN DEFENSA DE NUESTRAS REGALIAS

Y POR NO MÁS GABELAS A LAS MULTINACIONALES

COMITÉ UNIVERSITARIO EN DEFENSA DE LAS REGALIAS.

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA CON LOS WAYUU MUNICIPIO DE RIOHACHA

PLAN DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA EN CONTRA DEL ACTO LEGISLATIVO 013

EN LAS COMUNIDADES WAYUU EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA

Noviembre 25 – 29 -2010

COMISIÓN ENCARGADA:

Milaxi Herrera Redondo

María E Redondo Epinayu

José V Cotes

Rufino Bouriyu

Luz E Cambar

Orlando Ballesteros Bouriyu.

José L Epinayu.

Victoria Amaya

Doris Pérez

RANCHERÍAS Y RESGUARDOS A VISITAR.

· Cerrito y Guayabal, sábado 27 noviembre, hora 9:00 a., m, sitio Los Cedritos.

· Villa Fátima y Resguardo El Pasito, sábado 27 noviembre, hora 4:p.m, lugar Villa Fátima.

· Santa Rita, domingo 28 noviembre, hora 4:00p.m, lugar Santa Rita.

REUNIÓN EVALUATIVA: LUNES, 29 NOVIEMBRE, SEDE SINTRACARBON.

Apuntes sobre la cultura

Duberney Galvis Cardona, eldiario.com.co, Pereira, noviembre 13 de 2010

Que la cultura es una de las mayores riquezas de la sociedad, es cierto, que su permanencia y desenvolvimiento en el tiempo depende de la importancia que se le otorgue, también lo es, pero que su relevancia resida sólo en estos dos aspectos; es a todas leguas un concepto perecedero.

La cultura, además de su reconocimiento histórico y de la relevancia otorgada, no puede funcionar sin que el Estado invierta enormes cantidades de recursos económicos que permitan su amplificación.

Alguna ves las gentes del país se han preguntado ¿cuántos músicos, cuántos bailarines, cuántos deportistas o cuántos científicos reposan en el la mente y cuerpo de quienes día a día ven truncados sus propósitos a costa de los nocivos modelos económicos del país?.

Al respecto, en un capítulo sobre cultura, plasmado en uno de los buenos textos que se han escrito sobre las implicaciones del TLC para el país*, pregunta el autor a manera de ilustración ¿Cuántos literatos y pianistas pueden haber en un país? y se responde: Depende, en primer término y aunque no sea la única explicación, del número de habitantes que puedan comprar libros, periódicos y revistas y de la cantidad de pianos que pueda pagarse la sociedad.

Puesto a consideración el anterior caso en la realidad inmediata, no es difícil hallar ejemplos.

Quien alguna vez haya viajado a un pueblo, siendo recibido, no en la finca de uno de esos amigos por los que uno siente alegría al saber que pueden acceder a los derechos básicos, cuyos terruños por lo general son aledaños a las poblaciones; sino en los minifundios, de una hectárea, como son nueve de cada diez fincas cafeteras, encontrará que muchos de sus habitantes más jóvenes, que día a día pisan la sombra de sus mayores camino a las labores agrícolas, han visto truncados los deseos de llegar a ser escritores, músicos, médicos, físicos etc.; debido a la carencia de recursos estatales.

En este campo práctico son comunes historias como las de Pedro Juan, un joven campesino que ocho años atrás, aferrado a los contenidos del deteriorado texto sobre reptiles y anfibios, que le había obsequiado su profesora, llegó a clasificar más de treinta especies diferentes de ranas que habitaban la zona ubicada entre la escuela y su parcela.

Pedro, en la actualidad, hace parte de un grupo muy nutrido, el de las altas tasas de deserción escolar rural, área que pasó a engrosar luego que su familia se viera obligada a disminuir los gastos, asunto que tampoco atajó la crisis, por lo que el joven con vocación de naturalista, debió vender su fuerza de trabajo para contribuir con los ingresos del hogar.

Sin saberlo, Pedro Juan terminó pagando el pecado de su padre por querer aumentar la producción de su finca para que un día su hijo fuera a la universidad a ampliar sus saberes, para lo cual acudió a un préstamo que no pudo pagar debido a que la balanza entre los costos de producción y los ingresos por el precio del café no han jugado a su favor, en especial desde inicios del nuevo siglo cuándo aumentaron los programas que anunciaban al “libre comercio” como sinónimo de altos precios e insumos a bajos costos.

Para muchos de los hijos del campo los sueños mueren sin certificar la puerta de la primaria, o en el mejor de los casos la de secundaria.

Pero hay más tras el abandono a la cultura, algunos efectos son los que acontecen por ejemplo, cuando uno entre millares de colombianos logra, luego de múltiples hazañas y de recibir un apoyo caritativo de alguna persona, conseguir una meta; termina siendo exhibido como una especie de modelo humano a seguir, denominado el hecho como la revolución de las cosas pequeñas, que no es más que el aplauso –ingenuo o no- a la ausencia estatal.

A manera de conclusión se puede decir que las condiciones elementales para el funcionamiento de la cultura, están soldadas a los intereses ideológicos de quien gobierne en determinada época, si por ejemplo, se tiene un gobierno que impulsa el TLC, quiere decir entonces que la cultura criolla no sólo dejará de promoverse, sino que será reemplazada por la de quienes desde el exterior acuden a la mercantilización como la lógica para operar los asuntos que le conciernen a cada nación, entre esos el de la cultura, para poner un solo ejemplo.

*El TLC recoloniza a Colombia. Jorge Enrique Robledo. 2006

UPC: La Universidad del olvido

Sergio Muñoz, Valledupar, 06 de octubre de 2010

Conocido es el proyecto del gobernador del Cesar, Cristian Moreno, de construir una sede de la Universidad Nacional en el departamento del Cesar. Dicha sede sería la número ocho de esta prestigiosa Alma Mater y la primera que se instalaría en el Caribe Colombiano. Específicamente, según el concepto técnico emitido por arquitectos de la Universidad Nacional, se avaló la compra de dos predios ubicados en inmediaciones del municipio de La Paz y que a su vez garantizan el fluido de los servicios públicos (1). Dichos lotes suman 50 hectáreas y cuentan con la característica de ubicarse en zona de frontera Cesar-Guajira.

La Gobernación del Cesar suscribió para tal fin un convenio de cooperación con la Universidad Nacional por $244 millones de pesos, que debe concluir en la apertura de la sede (2). De igual forma, la Asamblea Departamental del Cesar autorizó la compra de los lotes, pero la Gobernación dejó vencer los términos y solicitó una ampliación a la Duma, solicitud declarada improcedente y que exigía a la Gobernación presentar un nuevo proyecto de ordenanza (3). La Oficina Jurídica de la Gobernación emite después un concepto en el cual se expresa que la autorización de la Asamblea Departamental para la compra de los lotes no es requerida y por lo tanto es factible continuar con el procedimiento de compra (4).

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EL VERDADERO FONDO DE LA REFORMA ALAS REGALIAS

Las regalías y la voracidad del gobierno nacional

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 30 de septiembre de 2010.

Resalta que en el debate sobre regalías se ocultan las relaciones entre esta reforma a la Constitución y el déficit fiscal, déficit que llega al alto nivel del 4.6 por ciento del PIB en 2010, es decir, a una diferencia de 24 billones de pesos entre los recaudos y los gastos del gobierno nacional. Es también por este déficit, crónico en el período neoliberal, que a municipios y departamentos se les recortaron las transferencias de la nación en 76 billones de pesos entre 2002 y 2016.

En lo gastado por el gobierno en este lapso también hay que contar lo que ha recibido por las privatizaciones de las empresas que representaban buena parte de un siglo de ahorro nacional. Hace poco, además, la alta burocracia que despacha desde Bogotá se gastó los 1.700 millones de dólares que la Nación tenía en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), y sin que esa decisión tuviera nada que ver con la parábola de la vacas gordas y las flacas, en tanto a los municipios productores de regalías los obligan a mantener en dicho fondo 1,8 billones de pesos.

Aunque parezca mentira, en 2009 quedaron sin ejecutarse más de 4 billones de pesos de regalías, pero no de los municipios y departamentos productores de hidrocarburos, carbón y níquel (regalías directas), sino de las indirectas del Fondo Nacional de Regalías (FNR) que administra el gobierno a través de Planeación Nacional y que son las destinadas a las entidades territoriales no productoras. Este hecho escandaloso obedece a la incapacidad del gobierno que ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, a la colocación en TES de parte de esos recursos y a que así también se manipula el déficit fiscal. Y como la reforma en trámite elimina el FNR, todo lo que allí repose terminará en las arcas del gobierno central.

El presupuesto nacional de 2011 también muestra lo que buscan. Allí se cambia la destinación de parte de los recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR), los cuales, hay que insistir, son platas destinadas a municipios y departamentos donde no hay minas ni hidrocarburos, así el gobierno oculte este hecho o, peor aún, falte a la verdad diciendo que la totalidad de las regalías van a las entidades territoriales productoras. Y los cambios consisten en que el gobierno tomará para sus necesidades –para vías nacionales y las EPS, por ejemplo– recursos que hoy les pertenecen a las entidades territoriales no generadoras de regalías.

Que van a expropiar los derechos constitucionales y los recursos de municipios y departamentos para gastárselos en asuntos del gobierno nacional y enjugar su déficit, también lo muestran otros hechos. El Minhacienda dice que las regalías deben “contribuir al equilibrio fiscal” y que hay que golpear los gastos “chichigüeros”. En principio, ninguna objeción a que se hagan obras mayores. ¿Pero con la plata de gastos que son muy importantes para los municipios, así los tilden de “chichigüeros”?

De ahí que sea bastante ingenuo pensar que lo que les van a quitar a unos municipios y departamentos se los van a dar a otros, cuando lo que ocurrirá será la centralización de esas platas en el gobierno nacional y en el exterior bajo el control del Banrepública. Y que en el proyecto de ley se repita la palabra “regional” también los desnuda. Porque mientras que los municipios y los departamentos son entes precisamente definidos por la ley, las regiones son en buena medida una ficción, en cuyo nombre el gobierno nacional hará lo que se le venga en gana.

La centralización a la que aspiran se ve de otra manera. La ley reglamentaria será “de iniciativa” del gobierno, lo que significa que será al antojo de Bogotá, las regalías no harán parte del presupuesto nacional, luego ni siquiera tendrán ese control parlamentario, y en la madrugada de la aprobación en primer debate le agregaron una parágrafo que dice que si el Congreso no la reglamenta, lo hará el gobierno. Una bomba contra la descentralización. Una especie de dictadura fiscal. Realmente escandaloso, pero no en la decadencia del tapen-tapen de la Colombia de Santos, por supuesto.