Decreto 1278 de 2002: régimen laboral del magisterio bajo el nuevo gobierno
Desde antes de la posesión del nuevo gobierno hemos advertido a través de estas líneas editoriales que en materia económica y social no existen diferencias entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, y que una muestra de ello es que el gabinete de Santos fue cuidadosamente escogido para adelantar un programa de gobierno acorde con su talante de aventajado discípulo de las más puras doctrinas del neoliberalismo, por lo que ya los analistas más avisados comienzan a hablar de este equipo de gobierno como la Selección Colombia neoliberal.
Transcurridos los primeros días, cuando ya se conocen los proyectos iniciales que el gobierno pone a consideración de un Congreso en el que más del 85% de parlamentarios pertenecen a los partidos del llamado “Acuerdo Nacional”, los hechos nos van dando la razón; mencionemos, por ejemplo, que en materia de salud el gobierno presentó un proyecto de ley encaminado a restituir las reformas que Uribe pretendió imponer por la vía de decretar la emergencia social que fue tumbada por sentencia de la Corte Constitucional; la existencia de un solo Plan Obligatorio de Salud nivelado por lo bajo, la extinción de regímenes especiales de salud como el del magisterio, la garantía a los mercaderes de la salud de que sus ganancias no se verán menoscabadas por obra y gracia de las tutelas que rescatan derechos fundamentales y otras lindezas por el estilo, forman parte fundamental del proyecto de ley sobre salud con el que se estrena la era Santos.
Se ha anunciado también una nueva reforma política que tras ganar para la causa santista a alcaldes y gobernadores promoviendo su reelección inmediata, busca borrar de una vez por todas a los partidos y movimientos políticos minoritarios, mediante el aumento del umbral, la eliminación del voto preferente, el retorno a la circunscripción regional para elegir senadores. Se habla también de una reforma a la justicia que traslada mayores poderes al Ejecutivo; de la implantación de la llamada “regla fiscal” que le permite al Estado burlar la obligatoriedad de cumplir sentencias judiciales si estas afectan el presupuesto estatal; de una reforma al sistema de regalías que constituye un vulgar raponazo a las regiones en donde se explotan los recursos naturales que originan estos ingresos tributarios.
En síntesis, mientras algunos creen y afirman que “el gobierno avanza hacia reformas profundas en temas sustanciales del país, la polarización política ha disminuido y se abre el escenario de la interlocución, el dialogo social y político e incluso, el tránsito hacia un proceso de paz”, la realidad es que el gobierno sí tiene muy claro para dónde va, y no es precisamente en esa vía pues la “disminución de la polarización política”, la apertura del “escenario de la interlocución y del diálogo social” no son para realizar “reformas profundas en temas sustanciales del país” sino para todo lo contrario, para afianzar la aplicación del modelo neoliberal en medio de un clima de tranquilidad y de distensión.
En materia educativa, por ejemplo, a la delegación del Comité Ejecutivo de Fecode que se entrevistó esta semana con la recién posesionada ministra María Fernanda Campo, le debió quedar muy claro que el gobierno de Santos no va ceder ni un milímetro en el terreno avanzado por la “Revolución Educativa” de Uribe y Cecilia María, especialmente en lo que ambos gobiernos consideran como su obra maestra: el decreto 1278 de 2002 que estableció el llamado “Estatuto de la Profesionalización Docente”; en efecto, la ministra Campo señaló en forma categórica que esa norma no está en discusión, que su expedición constituyó el “más grande salto en la calidad de la educación”, que es “una decisión basada en la Constitución” (previamente reformada con el Acto Legislativo 01 de 2001 impulsado por Pastrana, Santos y Echeverri, aclaramos nosotros) y que uno de los objetivos de este gobierno en materia educativa es preservar ese Estatuto.
En esa entrevista quedó también claro que otra definición categórica de este gobierno es continuar ampliando la cobertura sobre la base de entregar la educación pública a los operadores privados, al amparo de la ley 1249 y el decreto 2355, como lo venían haciendo casi frenéticamente Uribe y Cecilia María. Lo dijimos aquí hace varias semanas: en educación, Santos y María Fernanda son “peor de lo mismo”.
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